Buscar a los desaparecidos es una obligación moral del Estado con las víctimas.
Por eso el acuerdo logrado en La Habana es muy importante. Pero ponerlo en práctica será una tarea titánica.
“Después de cada guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo”. Así comienza Fin y principio, uno de los poemas más bellos de Wislawa Szymborska, la premio nobel polaca de Literatura. Como sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial sabía de lo que hablaba. El reciente acuerdo sobre búsqueda de desaparecidos que emanó de la Mesa de Conversaciones de La Habana significa exactamente eso: que la guerra en Colombia está llegando a su fin, y alguien tiene que meterse en el barro y las cenizas a desenterrar los cuerpos de las víctimas y sus verdades.
El gobierno y las Farc pactaron la semana pasada dos mecanismos humanitarios, uno de aplicación inmediata y otro de largo plazo. El inmediato estipula que la guerrilla entregue información que permita ubicar a las personas muertas y enterradas en medio de la selva. En la práctica, aunque no lo dice el acuerdo, serían fallecidos en cautiverio y guerrilleros muertos o civiles fusilados por sus propios cuadros. Se calcula que nunca regresaron a sus casas unas 300 personas secuestradas, tomadas como rehenes o como prisioneros de guerra.
Por su parte, el gobierno se comprometió a acelerar la identificación y entrega digna de los cuerpos de guerrilleros muertos en combate y enterrados como NN en cementerios de las zonas más afectadas por la guerra. Este trabajo ya se está adelantando en La Macarena, Vista Hermosa, en Meta y Caquetá. De hecho, 315 cuerpos han sido identificados pero sus familiares aún no los reclaman, posiblemente por falta de información. En ambos casos, tanto el Instituto de Medicina Legal como el Comité Internacional de la Cruz Roja harán todo el proceso, sobre todo para garantizar a sus familiares recibir dignamente los restos.
Para el largo plazo se creará una unidad especial para buscar personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se trata de un mecanismo transitorio y excepcional que hará parte del sistema de justicia transicional que se está construyendo dentro del proceso de paz, y tendrá relación directa con la comisión de la verdad ya pactada en La Habana.
Aunque desde hace diez años, cuando los paramilitares se desmovilizaron, la Fiscalía viene trabajando intensamente en exhumar fosas, la unidad pactada por las Farc y el gobierno es novedosa y promete revolucionar este proceso. Primero porque tiene carácter humanitario, o sea que su principal objetivo será aliviar el dolor de las familias. Esto es importante pues tanto sufre la madre del soldado como la del guerrillero, como las de los miles de civiles lanzados a ríos o fosas comunes.
Segundo porque es también extrajudicial. En Colombia las exhumaciones se han hecho hasta ahora dentro de procesos judiciales para imputar penalmente a los responsables. Esta vez el principal objetivo es la verdad, y que los familiares puedan cerrar sus duelos. En ese sentido, se investigará en terreno para que las comunidades aporten información, y no solo quienes participaron directamente en la guerra. Los casos no se trasladarán a la justicia, pero cualquier instancia que las requiera, sea la justicia transicional o la ordinaria, podrá solicitar las pruebas judiciales. Quienes testimonien para encontrar cuerpos y trabajen en su búsqueda e identificación están exentos del deber de denunciar.
Que la unidad sea humanitaria y extrajudicial es un acierto porque pone a las víctimas como eje y da mayores garantías de seguridad a testigos y familiares. Los procesos judiciales tardan mucho y casi nunca logran satisfacer la verdad de crímenes tan masivos y sistemáticos. De esta manera, se ha llegado a casos considerados exitosos como el de Bosnia. Allí, en tres años de guerra (1992-1995) desaparecieron alrededor de 30.000 personas. En 20 años, la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas ha logrado encontrar al 70 por ciento, e identificar al 90 por ciento. El trabajo de campo con familiares y comunidades ha permitido, además, reconstruir los hechos más atroces aun cuando no aparezcan los cuerpos.
En Colombia, esta labor será más difícil pues el conflicto ha durado más y la geografía es extensa y compleja.
Para empezar, no se sabe a ciencia cierta cuantas personas desaparecieron en medio siglo de conflicto. Los cálculos van desde los 25.000 que reseñó el Grupo de Memoria Histórica en su informe Basta ya hasta 45.000 que tiene la Fiscalía. La primera tarea, por lo tanto, será cotejar datos y trabajar sobre una cifra creíble.
Otra tarea será recoger la información no solo de los victimarios, sino de los familiares y comunidades, pero a estas alturas puede ser imposible de verificar. Uno de los problemas graves de este crimen atroz es que, justamente, se hace para borrar huellas. Y en él han incurrido todos los actores del conflicto.
Hace unos meses, el procurador Alejandro Ordóñez envió a la Corte Penal Internacional una denuncia contra las Farc en la que señala a este grupo de haber desaparecido 2.760 personas. Hay casos emblemáticos como los hornos crematorios que las AUC construyeron en las afueras de Cúcuta a principios de la década pasada, en los que redujeron a cenizas a cerca de 506 seres humanos. Sus autores ya confesaron algunos de estos casos. La fuerza pública también ha incurrido en desapariciones forzadas. De hecho en los registros de las organizaciones de derechos humanos aparece que la estudiante Beatriz Rivera fue la primera desaparecida por fuerzas del Estado, a finales de los años setenta. La lista es larga e incluye muchos activistas y defensores de derechos humanos.
Como el objetivo de esta unidad no es encontrar responsables sino aliviar el dolor de las víctimas, el debate político será
ineludible, y desde orillas diferentes han criticado el acuerdo. El Centro Democrático considera que garantiza impunidad para las Farc, y algunas organizaciones, en contraste, creen que el Estado tenderá un manto de sombra sobre graves violaciones suyas a los derechos humanos. Por eso, es de esperarse que al implementar este punto sigan siendo parte del debate las responsabilidades de cada quien. Pero la unidad no se meterá a atribuirlas pues su carácter es operativo e independiente. De hecho, un comité independiente, elegido por consenso entre el gobierno y las Farc, nombrará al director.
Labor de décadas
Colombia no está en ceros en este tema. Según un informe reciente del portal Verdad Abierta, en los diez años que lleva la Ley de Justicia y Paz se han exhumado 6.400 cuerpos. Pero solo el 46 por ciento, algo más de 3.300 cuerpos, han sido identificados y regresados a sus familiares. El reportaje también registra que, últimamente, hay la tendencia a encontrar menos cuerpos. Este año solo se han encontrado 40, mientras en años pasados el promedio bordeaba los 900.
Ahora, la realidad es que muchos de ellos jamás aparecerán. Por eso, se acordó que el Estado haga todo el esfuerzo posible para saber qué pasó con las víctimas. Eso se está haciendo actualmente en La Escombrera de la comuna 13 en Medellín. Allí están removiendo miles de toneladas de tierra para encontrar por lo menos 100 personas desaparecidas de la Operación Orión. Aunque los investigadores saben que es muy difícil encontrar cuerpos, están cumpliendo una obligación legal, ética y moral con las víctimas.
Algo similar habrá que hacer en las riberas de los ríos Magdalena y Cauca, donde miles de colombianos quedaron entre las piedras. Como no es posible secar los ríos, al menos se tratará de reconstruir quiénes y en qué circunstancias terminaron en el fondo.
El reto mayor, hasta ahora, identificar los cadáveres. Desenterrarlos es una cosa, pero que estén completos y se entreguen a sus verdaderos parientes es una tarea titánica. Además, buscar a los familiares es dispendioso y complejo, pues requiere, por ejemplo, tomar masivamente muestras de ADN, entre otros recursos.
Finalmente, también está el reto de hacer una entrega digna, que realmente cierre el dolor de los familiares. En ello se ha avanzado, pero no lo suficiente. Basta ver el proceso kafkiano que han sufrido los restos de las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, cuyo manejo forense fue tan desastroso que la Justicia lleva 30 años intentando saber qué ocurrió con ellas.
En conclusión, el país entra en un camino doloroso y necesario que no será nada fácil. Como dice otro verso de la señora Szymborska, “eso de fotogénico tiene poco y requiere años”.
