Las banderas del paro agrario que se izaron hace dos años vuelven a flamear en el país. Convocado por la llamada Cumbre Agraria, la protesta, prevista para mañana lunes, se inspira en las mismas razones que originaron los turbulentos movimientos campesinos en junio de 2013. Más que nuevos reclamos, los organizadores de la minga insisten en el incumplimiento de los acuerdos.
La agenda es la misma: Alivios para enfrentar la crisis del sector agropecuario, acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento de la territorialidad campesina, participación de las comunidades en la definición de políticas mineras, garantías reales para el ejercicio de derechos políticos de la población rural e inversión social en aspectos como educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
A pesar de los esfuerzos y medidas que se han adoptado para atender las reclamaciones, los organizadores de la protesta consideran que no han sido suficientes.
El Gobierno Nacional salió a defender las acciones emprendidas, honrando los compromisos adquiridos y las acciones emprendidas después de 18 reuniones plenarias y 5 mesas regionales realizadas en Arauca, Antioquia, Catatumbo, Cauca y Sur de Bolívar. Como consecuencia de los acuerdos el gobierno reiteró que se han comprometido más de 250 mil millones de pesos.
En el Huila, hay que reconocer, los alivios de protección al ingreso de los cafeteros han sido notables, los apoyos para enfrentar los efectos de la sequía y la priorización de inversiones estratégicas y un poco menos notorios los alivios para contener las deudas bancarias.
A la agenda se suman otros temas de política pública: La creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) como territorios especiales para ejecutar modelos productivos de alto impacto y las políticas minero-energéticas.
Los dos temas de ‘grueso calibre’ están provocando conflictos por el uso y destinación de la tierra y privatización del territorio y pueden convertirse en obstáculos en los procesos de constitución, ampliación o delimitación de las Zonas de Reserva Campesina, resguardos indígenas, áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, parques naturales, páramos y humedales, cuya defensa ha generado grandes movilizaciones sociales.
Hasta hoy la protesta está confirmada. Pero debe ser pacífica, sin bloqueos ni vías de hecho. La protesta pacífica es un derecho amparado constitucionalmente. Las autoridades deben ofrecer todas las garantías para su realización, pero sus organizadores deben evitar desórdenes y alteraciones del orden público.
“Hasta hoy la protesta está confirmada. Pero debe ser pacífica, sin bloqueos ni vías de hecho.”
EDITOTIRALITO
Importantes los golpes propinados por la Policía contra estructuras del crimen organizado. La incautación de una tonelada de marihuana demuestra la gravedad del fenómeno que circunda en nuestras fronteras. La captura de 17 personas, al parecer comprometidas en extorsión, otro acierto en la lucha contra la criminalidad.