Resulta frustrante que una comunidad tan olvidada como la que habita en el departamento del Chocó tenga que soportar ahora los embates del paro de un grupo ilegalmente armado, a la vista de todos, casi que en tiempo real.
A través de los medios de comunicación y las redes sociales, el país ha sido testigo de lo mal que lo están pasando comunidades chocoanas enteras por la declaratoria de paro por parte de la guerrilla del Eln. Son un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, las que están en situación de confinamiento, según ha corroborado la Defensoría del Pueblo; 7.500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria. Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
Es injusto que comunidades pobres, que a diario sufren de la limitación en el acceso a servicios esenciales como la alimentación, la salud y la educación, estén siendo sometidas a eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersona o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.
Evidentemente todo esto que viven los chocoanos contrasta de manera enorme con dos hechos de los que se habla por estos días: los reiterados llamados y propuestas que el Gobierno de Gustavo Petro le ha hecho al Eln para que retomen los diálogos de paz, congelados desde mayo pasado, y la visita del príncipe Harry y Meghan Markle, pertenecientes a la realeza británica, invitados por la vicepresidenta de la República Francia Márquez. Es como si el Gobierno recibiera bofetada tras bofetada.
