Transparencia por Colombia ha presentado un nuevo informe sobre la contratación de bienes y servicios con financiadores de campañas políticas, particularmente, de los aportantes de los gobernantes elegidos en las elecciones de 2019.
Aunque la celebración de contratos con personas naturales o jurídicas que financien campañas no está prohibida, siempre y cuando se observen los límites que dispone la normativa frente al monto de los aportes y se rindan cuentas sobre la totalidad de los recursos, llama la atención que el 25,5% (2.518) de los 9.857 financiadores de campañas en 2019, celebraron contratos con el Estado en fecha posterior a la posesión de las autoridades territoriales.
De acuerdo con Transparencia por Colombia, el valor total de los contratos celebrados con estos 2.158 financiadores de campañas asciende a 5.3 billones de pesos divididos en 19.026 contratos. Es decir que, en promedio cada uno de estos financiadores celebró aproximadamente 9 contratos con el Estado.
Y aquí está el dato demoledor: el 85% de la contratación con estos financiadores se hizo mediante modalidades simplificadas: Contratación Directa (39,4%), Régimen Especial (32,3%) y Selección Abreviada (14%). En contraste, solo el 9,5% de los contratos adjudicados fueron otorgados mediante licitación pública.
El informe de Transparencia por Colombia demuestra algo que viene haciendo carrera en el país por encima y debajo de la mesa: muchos de los financiadores de las campañas políticas no son ‘monjitas de buena caridad’. Se trata de mercaderes que buscan el retorno de sus aportes vía contratación pública. Los mandatarios, por su parte, terminan mostrando su peor faceta: la de estar dispuestos a ‘torcer’ procesos de contratación para favorecer intereses particulares.
Es fundamental que los nuevos mandatarios tomen nota y demuestren con acciones que son íntegros y transparentes. La corrupción se ataca desde el primer momento en que, por ejemplo, no hay errores u omisiones en la información publicada sobre las contrataciones.
